Nuestras compañeras Emma González y Keltouma Agramout han viajado junto a José Miguel Morales y Ángel Madero, director general y técnico, respectivamente, de nuestra Federación, Andalucía Acoge, hasta Bruselas para abordar la vulneración de derechos de las personas que viven en los asentamientos de las provincias de Huelva y Almería. Para ello, se han reunido con eurodiputadxs de diferentes Grupos Parlamentarios (la Izquierda, la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas y el Partido Popular Europeo) y representantes de la Comisión Europea. González, Agramout y Madero han instado al cumplimiento de la normativa comunitaria de protección de las personas migrantes.
Posteriormente, en una rueda de prensa en la que nos ha acompañado el eurodiputado Manuel Pineda, del Grupo de la Izquierda, hemos presentado las conclusiones recogidas en el informe que hicimos y dio a la luz hace unos meses ‘Consecuencias de la Discriminación en los asentamientos de la provincia de Huelva y la Comarca de Níjar en Almería’. En este documento, se han recogido las situaciones de discriminación y de vulneración de derechos en estas poblaciones de infraviviendas y, además, se han realizado propuestas de mejora a las distintas administraciones.
En la comparecencia ante los medios de comunicación, el eurodiputado Manuel Pineda, que ha visitado hasta cuatro veces los asentamientos de Andalucía, ha señalado que lxs temporerxs viven en «condiciones inhumanas», señalando las provincias de Almería y Huelva como las más afectadas. «Viven peor que el propio ganado y eso tiene una responsabilidad política clara», ha asegurado el europarlamentario malagueño. Asimismo, Pineda ha pedido que «la Comisión Europea debe tomar medidas», invitando al Comisario de trabajo a visitar la zona y constatar en primera persona «este ataque a los derechos humanos».
Por su parte, el compañero Ángel Madero, coordinador del informe de asentamientos, ha subrayado la importancia de que la sociedad europea sepa sobre la realidad compleja que viven miles de personas que trabajan en el campo andaluz para que la fruta y las verduras lleguen a las casas de lxs europexs. Igualmente, Madero ha indicado que «estamos hablando no solo de personas en situación irregular. En torno al 30%, según el mapeo que realizamos, están en situación administrativa regular y a todas estas personas se les está negando el acceso a servicios tan básicos como el agua (El 80% de las personas que participaron en este estudio admiten no tener acceso a agua corriente y potable), extrema dificultad para tener electricidad (Un 85% afirmaron no tener acceso)», más allá de otros derechos sociales esenciales como el acceso a la vivienda, la Sanidad pública (el 60% de las personas consultadas tiene dificultad para obtener una cita médica) o el sistema social de cada localidad.
Nuestra compañera Emma González, ha instado a las instituciones a intensificar las inspecciones laborales y perseguir esos abusos que se producen en el campo onubense y almeriense. González, al frente del proyecto de asentamientos en Huelva Acoge, ha remarcado la situación de vulnerabilidad y violencia que sufren las mujeres en los asentamientos: «son víctimas de trata sexual y laboral, víctimas de violencia machista. Pasan mucho miedo en los asentamientos».
Por su parte, la compañera Keltouma Amagrout, mediadora del equipo que desarrolla el proyecto de asentamientos en Huelva Acoge, ha denunciado en primera persona la invisibilidad de todas las personas trabajadoras migrantes que viven en estos poblados de chabolas: «solo nos quieren ver en el campo. No nos quieren ver en las tiendas, en los bares», ha señalado.
