Las personas migrantes y solicitantes de asilo, además de la dura travesía física y emocional que atraviesan, se enfrentan a numerosos impedimentos a la hora de acceder y mantener una cuenta bancaria debido a las prácticas llevadas a cabo por las bancos, que incumplen de forma reiterada la normativa vigente. Entidades sociales como nuestra federación, Andalucía Acoge, han detectado cientos de incidencias, y esto es sólo la punta del iceberg. Teniendo en cuenta que muchas de ellas ni quedan registradas.
En la mayor parte de las incidencias se les deniega a estas personas la apertura de cuentas por motivos que van en contra de la legislación actual. En algunos casos, las entidades bancarias no reconocen documentos de identidad válidos (como el resguardo de solicitud de Protección Internacional), piden documentación adicional que no está recogida en la normativa, o hasta crean el cobro de comisiones por dar de alta (incluso en situaciones en las que se cumplen los requisitos para solicitar la gratuidad de este tipo de cuentas).
Recordemos que las cuentas de pago básicas sirven para:
-Ingresar y sacar dinero en efectivo
-Domiciliar recibos
-Cobrar tu nómina o prestaciones económicas
-Pagar con tarjeta de débito en comercios físicos y online
-Realizar transferencias en la UE.
Así pues, aunque la ley regula estas cuentas de pago básicas, numerosas entidades sociales denunciamos la exclusión social y financiera a la que se ven abocadas las personas migrantes y refugiadas.
En el año 2021, el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica (CEDRE) también advirtió de esta grave situación: «Ser titular de una cuenta bancaria es un derecho instrumental que permite contratar servicios básicos con entidades privadas y públicas, como el suministro eléctrico, de agua o gas, alquilar una vivienda, o percibir una prestación económica estatal o autonómica. Resulta prioritario por tanto garantizar este derecho para evitar la exclusión social y acabar con la discriminación indirecta que supone«.
Nuestra federación y otras entidades sociales que siguen de cerca han denunciado esta situación ante los bancos infractores, el Banco de España, el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC), el Ministerio de Consumo y varios grupos parlamentarios.
Ante la falta de respuesta de los organismos competentes y la pasividad de las entidades financieras, las organizaciones sociales Andalucía Acoge, Red Acoge, Asociación Rumiñahui, Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Asociación Provivienda, Movimiento por la Paz (MPDL) y Asociación Rumiñahui, lanzaron una campaña de denuncia, denominada #CuentasPendientes, para exigir medidas urgentes y efectivas para que se cumpla con la normativa vigente, reforzando los mecanismos de control y supervisión con el fin de garantizar el acceso a las cuentas de pago básicas y evitar los casos de exclusión financiera que agravan las situaciones de vulnerabilidad social.
