El fenómeno migratorio de lxs temporerxs onubenses comienza en la década de los años 90, y es cuando aparecen realmente las primeras chabolas, pero no es hasta el año 2.000 cuando se establecen los primeros asentamientos en la provincia de Huelva.

A lo largo de la historia, tanto la realidad como el perfil de las personas que malviven en dichos campamentos han cambiado considerablemente. Con mucha diferencia, la mayor parte de los habitantes eran hombres originarios de Marruecos, y en menor medida de Senegal, Mali, Ghana, Nigeria o Guinea. En cambio, en la actualidad nos encontramos con una realidad totalmente nueva. Existe una gran presencia de la mujer, originariamente de Marruecos. Hablamos de un número muy elevado, el cual va en ascenso a medida que pasa el tiempo.

Actualmente, podemos decir que los asentamientos se han convertido en el punto de encuentro de los desajustes sociales y laborales provocados por dos sectores claves del modelo económico y productivo andaluz, como es la especulación urbanística y la agricultura intensiva para la explotación.

La aparición de estos espacios de convivencia no se entiende sin la miseria, marginación y exclusión que sufren nuestros vecinos y vecinas debido a los factores económicos, políticos, sociales y culturales.

La precariedad en las condiciones de vida se refleja en la falta de acceso a derechos en igualdad de condiciones, la cual impide que seamos una sociedad todo lo inclusiva que deberíamos ser. En los asentamientos onubenses detectamos una serie de problemáticas latentes. Entre ellas, encontramos la trata de seres humanos, la interseccionalidad de género, la salud, los delitos de odio, la aparición de jóvenes llegadxs del sistema de protección a la infancia, los incendios, etcétera.

A raíz de los comentarios vertidos sobre la población que reside en los asentamientos, y más concretamente sobre los incendios, nos sentimos en la necesidad de desmontar esa idea de que «ellxs mismos provocan los incendios para conseguir la documentación». Para ello, simplemente habría que apoyarse en la legislación vigente, Decreto 557/2011. En ella se establecen las diferentes maneras de conseguir regularizar su situación administrativa.

NO viene recogido como circunstancia excepcional que, por motivo de incendio se pueda obtener ningún tipo de autorización de residencia en España.