Numerosas entidades de todo el territorio nacional llevan más de un año desarrollando acciones dirigidas a reivindicar el derecho al voto de las personas inmigradas.
Hoy por hoy existen movilizaciones en numerosas comunidades autónomas que plantean el derecho al voto como una cuestión de salud democrática que afecta a todas aquellas personas de origen extranjero que quedan relegadas a una “ciudadanía” de segunda clase y a todos los que pensamos que una democracia debe reconocer la igualdad de derechos a todas las personas que viven, trabajan y aportan en una sociedad.
¿Por qué ahora?
La población inmigrada ocupa un porcentaje importante de nuestros municipios, por lo tanto, es importante recordar que, ahora que nos encontramos en el periodo de mayor intensidad electoral, dos millones de las personas –un 5% de la población- que viven, trabajan y pagan impuestos en el Estado español, no podrán votar por cuestión de origen.
Es importante porque este dato mina la calidad democrática y eso afecta a todos los que construyen este país, independientemente de si han nacido en él o no y de si ahora pueden votar o no. Y tendrá consecuencias en un futuro: no reconocer a los ciudadanos extranjeros la posibilidad de participar puede llevar a que éstos no se sientan representados. En un plano más social consolida las categorías y las diferencias entre ciudadanos –los que pueden votar y los que no-, poniendo por lo tanto en peligro en la cohesión social.
También porque en otros países como Irlanda, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Holanda, o Islandia, el derecho a voto de las personas inmigradas (sufragio activo y pasivo) es ya una realidad, en algunos casos desde hace décadas.
La Comisión y Parlamento europeos han hecho repetidas veces recomendaciones en este sentido a los estados miembros. Por otra parte, la ampliación europea pone de manifiesto la discrecionalidad de estas medidas al pasar un número importante de personas de estos países de tener denegado este derecho a tenerlo reconocido, por ser miembros de la UE.
La misma discrecionalidad generan los convenios de reciprocidad que son una forma más de generar categorías de ciudadanos. Hay muy pocos convenios con países latinoamericanos (Argentina, Venezuela, Chile, Uruguay, Colombia y Noruega) no prácticamente ninguno está funcionando. No podemos dejar en manos de terceros esta responsabilidad sino modificar el artículo 13.2 de la Constitución. Además, ¿qué ocurre con los países sin democracia? ¿Sus ciudadanos no podrán participar nunca como tales en lugar donde viven? Es necesario valorar la realidad de esta sociedad y promover los cambios imprescindibles en ella.
Por último, desde el ámbito político se ha argumentado desde muchos espacios, que la ciudadanía no está preparada, pues bien, según datos del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia del pasado 22 de marzo de 2007 un 79,6% de los encuestados son favorables a la extensión del derecho al voto a las personas inmigradas en las elecciones municipales, un porcentaje que ha aumentado un 19,6% respecto de la encuesta del CIS de 2005
